Contestando a Susana Diaz

Este artículo contesta las declaraciones que hizo ayer Susana Díaz, acusando de impostor a Pablo Iglesias por presentarse como la nueva socialdemocracia. En el artículo se muestra que ha sido precisamente el distanciamiento del PSOE de las políticas tradicionalmente socialdemócratas lo que ha creado la enorme crisis de tal partido. Su adaptación al neoliberalismo, consecuencia de su complicidad y maridaje con el establishment financiero y económico, explica su promoción de políticas neoliberales, causa de su retroceso electoral.


La Presidenta de Andalucía, que provisionalmente apoya al candidato del PSOE para la presidencia del gobierno español, el Sr. Pedro Sánchez, acusó a Podemos en general, y a Pablo Iglesias en particular, de haberse presentado en un denunciable ejercicio de camuflaje como la nueva socialdemocracia, subrayando que el socialdemócrata de verdad es el PSOE, siendo Podemos un impostor. Y como un indicador de tal impostura señaló que Marx y Engels –presentados por Pablo Iglesias como socialdemócratas- no habían sido en realidad socialdemócratas. Esta declaración por parte de una persona (Susana Díaz) que aspira a ser la Secretaria General del PSOE es sorprendente y preocupante. Marx y Engels fueron fundadores del proyecto político encaminado a establecer el socialismo, objetivo que podía alcanzarse bien a través de la vía democrática (los orígenes de la socialdemocracia), o bien a través de la vía revolucionaria (el marxismo leninismo o comunismo). Ambas tradiciones políticas han estado basadas en el marxismo, y por lo tanto ambas pueden atribuirse el haber establecido sus bases ideológicas en los escritos de tales autores. Es más, incluso cuando el PSOE renunció al marxismo como ideología de partido, promovió en sus escritos mantenerlo como instrumento de análisis crítico y teórico (véanse los documentos del Congreso Extraordinario de 1979).

La vía leninista se realizó más en los países subdesarrollados (la Unión Soviética, China o Cuba, entre otros) que en los países desarrollados, donde la vía socialdemócrata fue la que prevaleció. En Europa, el Estado del Bienestar (componente importante del socialismo) se alcanzó por la vía democrática, siendo la socialdemocracia uno de los máximos responsables del desarrollo de la Europa Social. Alcanzó su máximo desarrollo en los países escandinavos, que fueron gobernados durante la mayor parte del periodo 1945-1990 por partidos socialdemócratas aliados con partidos comunistas y/o verdes y/o agrarios. Quisiera acentuar que el motor de tal proyecto siempre fue el de desarrollar una sociedad en la que se distribuyeran los recursos según el principio de “a cada persona según su necesidad, y de cada persona según su habilidad y capacidad”, necesidad y habilidad definidas democráticamente. Hoy tales países, gobernados por la socialdemocracia durante más tiempo (los países escandinavos), son los países que tienen menos desigualdades de clase y de género, mayor gasto público social por habitante, mayor progresividad fiscal, y cuyo Estado es más redistributivo, más transparente y más participativo. Son también, por cierto, los Estados más descentralizados con mayor protagonismo del poder local y municipal (ver Democratic Class Struggle, de Walter Korpi).

¿Qué ha pasado con la socialdemocracia española?

El PSOE ha sido, durante el período democrático, el partido que más ha expandido el Estado del Bienestar, históricamente poco desarrollado y poco financiado. Pero su adaptación al Estado heredado de la dictadura tuvo costes elevados, incluyendo su moderación. Y su integración en el establishment político-mediático significó su acatamiento y complicidad con los establishments financieros y económicos, que solidificaron su creciente moderación, abandonando en su camino muchos principios y muchas demandas, y convirtiéndose en una organización cada vez más vertical, autoritaria y poco democrática. Y lo sé porque lo vi con mis propios ojos.

Desde que volví del exilio he asesorado a todos los gobiernos progresistas (a nivel estatal, autonómico y local) que me lo han pedido. Y en esta condición he asesorado a todos los gobiernos socialistas que ha habido durante el período democrático, sobre todo en áreas de política social, pero también en áreas de políticas económicas. Creo que contribuí sustancialmente al establecimiento del cuarto pilar del Estado el Bienestar (ver mi artículo “El cuarto pilar del Estado del Bienestar”, Público, 15.10.09).

Ahora bien, mi distanciamiento apareció a raíz de la respuesta que el gobierno Zapatero le dio al inicio de la crisis. Fue entonces cuando se interrumpió mi relación de asesoría al PSOE, pues su respuesta era típica del pensamiento neoliberal, equivocándose en su diagnóstico y en sus recetas. Y dentro del PSOE fue la victoria de los liberales, liderados en parte por Jordi Sevilla, al cual conocí bien, y con el cual tuve muchos desacuerdos debido a su postura explícitamente liberal. Fue bajo su consejo que Zapatero indicó que bajar impuestos era de izquierdas (ver mi artículo ” El referéndum es una excusa del PSOE y de las derechas para que no se establezca un gobierno de izquierdas”, Público, 18.02.16). Hoy dirige el equipo económico del Sr. Pedro Sánchez. En su respuesta a la Gran Recesión el PSOE dejó definitivamente de ser socialdemócrata, y antepuso el proyecto liberal al proyecto socialdemócrata. Ello era fruto y consecuencia del maridaje entre el aparato del PSOE y el establishment financiero-económico.

colaborando con la revista Temas para el debate, dirigida por lo que se llamaban “guerristas”, que subrayaban el deseo de estar abiertos, dar la bienvenida y ofrecer colaboración a todas las voces críticas de izquierdas, reputación que no respetaron cuando me vetaron por escribir un artículo crítico con la respuesta del PSOE a la crisis (ver “La ausencia de la necesaria autocrítica en la socialdemocracia”, Público, 13.05.14). Antes había tenido ya tensiones por un artículo escrito donde había defendido una visión plurinacional y no jacobina de España. Su tolerancia hacia tal artículo fue nula, dentro de una sensibilidad (la guerrista) que consideraba que el presidente socialista de la Generalitat, José Montilla, y la vicepresidenta del PSC, Manuela de Madre, estaban “contaminados de nacionalismo”. Y ahí está el problema. No hay izquierda hoy dentro del aparato del PSOE. Este partido es un aparato, parte de la casta, que está defendiendo sus intereses de aparato a ultranza. Es sorprendente la falta de diversidad y debate dentro del PSOE, y también la falta de protesta entre sus bases por su comportamiento. De ahí la interrupción de mi colaboración y asesoramiento. Conocí a gente excelente pero que escogieron permanecer en silencio, por un sentido de lealtad mal aplicado. Las bases del PSOE son claramente de izquierdas, y el gran retroceso electoral de la socialdemocracia en España y en Europa se debe precisamente a la adaptación al neoliberalismo por parte de tales aparatos. El último caso es lo que está sucediendo en Francia.

La aparición de Podemos y mi asesoramiento a tal partido

Debido a lo narrado anteriormente era, pues, lógico que saludara con gran alegría el 15-M, cuyo éxito fue debido a que pudo comunicarse con las clases populares, canalizando su descontento. Sus demandas no eran demandas a favor de la revolución socialista o del fin del capitalismo. Influenciadas por la Primavera Árabe, sus demandas eran mucho más sencillas y mucho más amenazantes para la estructura de poder. Cuando rodearon las Cortes Españolas y el Parlament de Catalunya (en mi presencia, pues me habían invitado a dar una charla en tales actos) pedían democracia, una demanda que implicaba una denuncia precisamente de la falta de democracia en las instituciones representativas del país. Sus eslóganes fueron muy populares. “No nos representan” lo decía todo. Y el 82% de la población española estaba de acuerdo. “No hay pan para tanto chorizo” era otro eslogan, también muy popular, que señalaba la extendida corrupción del Estado, basada en el maridaje entre el poder financiero y económico por un lado y el poder político-mediático por el otro.

Fue precisamente la certeza del diagnóstico por un lado, y la sencillez y accesibilidad de su discurso por el otro, lo que explica su enorme capacidad de movilización. Y utilizaron ampliamente el libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España (escrito por Juan Torres, Alberto Garzón y yo mismo) como un punto de referencia. El libro mostraba, por ejemplo, que Zapatero congeló las pensiones cuando podría haber conseguido más dinero manteniendo el impuesto de patrimonio o anulando la rebaja del de sucesiones, o que Rajoy podía haber revertido la bajada del impuesto de sociedades de las empresas que facturaban 150 millones de euros al año y que representaban menos del 0,12% de todas las empresas, consiguiendo con ello casi el mismo dinero que el que consiguió recortando 6.000 millones de euros de la sanidad pública. Se habrían evitado los recortes si hubieran seguido las alternativas que nosotros sugeríamos. Estos datos, fácilmente entendibles, mostraban claramente la falsedad del argumento de que no había alternativas, argumento utilizado por la estructura del poder para defender políticas sumamente impopulares. Se mostraba así que el PSOE había dejado de ser socialdemócrata. Y es ahí donde el maridaje entre el aparato del partido y los lobbies financieros y económicos apareció en toda su crudeza, en la aplicación de las políticas de austeridad y de reforma laboral que inició el gobierno del PSOE, y que más tarde el gobierno del PP continuó y expandió.

Hacía falta una nueva fuerza política basada en el rechazo a tales políticas, y que recuperara el proyecto de establecer una sociedad más justa y más solidaria que había sido abandonado por el PSOE. Era, pues, predecible que nos invitaran a mí, junto con el profesor Juan Torres, autores del libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España junto con Alberto Garzón, para que los dos escribiéramos el marco estratégico de sus políticas económicas. Y así surgió “Un proyecto económico para la gente” (ver el documento “Democratizar la economía para salir de la crisis mejorando la equidad, el bienestar y la calidad de vida. Una propuesta de debate para solucionar los problemas de la economía española”). Este plan era de clara sensibilidad socialdemócrata, con acento escandinavo. El programa final de Podemos, y ahora el de Unidos Podemos, encaja, en su gran mayoría, con este marco que definimos.

Referirse a tal propuesta como bolivariana, utópica, irrealizable, y otros epítetos, define más al que insulta que al insultado. Es absurdo, demagógico y profundamente deshonesto. Ellos lo saben, y deberían avergonzarse de tanto insulto. En mi vida he asesorado a muchísimos gobiernos, desde los gobiernos Allende y Fidel Castro (en su reforma sanitaria), por un lado, a los gobiernos socialdemócratas suecos, a la Casa Blanca (en la reforma sanitaria dirigida por la Sra. Clinton), al gobierno Felipe González, así como al tripartito de Pasqual Maragall. Y nunca había encontrado tanta hostilidad (casi odio) como en el caso de este programa, consecuencia de que las derechas (y ahora el PSOE) tienen una cultura democrática muy limitada.

En defensa de Pablo Iglesias

Y aprovecho para defender a Pablo Iglesias, hoy considerado no el adversario, sino el enemigo nº 1 del establishment financiero-económico-político-mediático del país. El grado de odio expresado hacia Podemos en general, y hacia Pablo Iglesias en particular, es extremo y, francamente, repugnante. Léanse el editorial de El País del pasado domingo 5 de junio, y verán lo que digo. Me apena que profesionales que respeto de ese rotativo hayan permanecido callados delante de tanta mala leche y bajeza. Y verán que pronto los Eduardo Indas de turno “descubrirán” que Pablo Iglesias estuvo envuelto en el asesinato del presidente Kennedy.

Se habla constantemente de la agresividad de Pablo Iglesias hacia el PSOE, con la famosa “cal viva” refiriéndose a Felipe González. Pero no se dice que esta expresión de Pablo Iglesias fue en respuesta a la gran agresividad de Pedro Sánchez, expresada minutos antes en el debate parlamentario, cuando acusó a Podemos de apoyar a ETA, y solo un par de días después de que Felipe González acusara a Podemos de recibir dinero y apoyar a un gobierno dictatorial peor que el liderado por el General Pinochet. Es difícil alcanzar un nivel más alto de mala leche. Y El País nunca se ha referido a la agresividad de tales señores, a los cuales Pablo Iglesias respondía. Y ya no digamos de La Razón o el ABC.

Habiendo demonizado a Pablo Iglesias, ahora la estrategia del PSOE es centrarse en Pablo Iglesias como el responsable directo de que Rajoy continúe en el gobierno, ocultando que había otra alternativa, la alianza de las izquierdas con el PNV, que hubiera terminado con las políticas neoliberales, nefastas para este país.

Una vez más se utiliza la llamada a la Unidad de España para defender intereses financieros y económicos específicos

La realidad es que la llamada a la Unidad de España se repite una vez más para defender los intereses económicos y financieros que resultarían afectados por la aplicación de las políticas socialdemócratas que propone ahora Unidos Podemos. Hoy el tema nacional y el tema social están íntimamente ligados. Son los que defienden la España uninacional los mismos que están aplicando las políticas neoliberales que dañan a España. Pero otra versión de España, la España plurinacional, está surgiendo desde la periferia hasta el centro. La alianza de todas estas fuerzas, reflejada en la alianza Unidos Podemos, representa una gran posibilidad de cambio profundo en España, revirtiendo las políticas neoliberales que han sido tan dañinas para la calidad de vida y el bienestar de las clases populares de este país.

El banco de España como herramienta de casques

es una crítica de la enorme insensibilidad, cuando no incompetencia, que presentan el gobernador y el consejo de gobierno del Banco de España, el cual en su último informe sobre la situación económica de este país continúa insistiendo en las políticas neoliberales que han dañado enormemente a sus clases populares, a la vez que han impactado muy negativamente en el quehacer económico.


En un momento de gran descrédito de las políticas públicas neoliberales que se han estado imponiendo (y digo imponiendo, pues no estaban en los programas electorales de los partidos gobernantes) en los países de la Eurozona, incluyendo España, el Banco de España (el Vaticano del neoliberalismo en este país), que actúa más como el lobby de la banca privada que como un banco central, acaba de publicar un informe sobre la situación económica de España en el que, una vez más, aparece el mismo recetario de propuestas que se han ido aplicando durante todos estos años de gobernanza del país por parte del Partido Popular, y que ha tenido unas consecuencias desastrosas para el bienestar de las clases populares (que han sufrido enormemente con la aplicación de tales políticas). Hoy, una de cada tres personas menores y cuatro de cada diez jóvenes están en riesgo de pobreza, siendo esta tasa de riesgo de pobreza seis puntos por encima de la media europea. Casi el 40% de las familias monoparentales están también en situación de riesgo de pobreza.

Completando esta fotografía deprimente de la realidad, nos encontramos con un gran deterioro del Estado del Bienestar. Es ampliamente reconocido que los servicios públicos como la sanidad y la educación se han deteriorado como resultado de los “recortes” del gasto público. Los salarios han bajado y la precariedad ha subido como consecuencia de las reformas laborales, sin que aumentara el porcentaje de la población ocupada, habiendo alcanzado España el nivel más elevado de desempleo en la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo al español) después de Grecia. El salario mínimo (en porcentaje sobre el salario medio) está muy por debajo de la media europea.

Pero al impacto sumamente negativo sobre el bienestar y calidad de vida de las clases populares que han tenido las políticas promovidas por el Banco de España y por el gobierno Rajoy, hay que sumarle el enorme daño al quehacer económico. El Estado español, que estaba en superávit cuando se inició la crisis (2007), y que tenía una deuda pública de solo algo más de un 30% del PIB, hoy tiene un elevado déficit y en un nivel de deuda pública que sobrepasa ya el 100% del PIB. A la luz de estos datos, es sorprendente el grado de adhesión del Banco de España al dogma liberal, cuando las políticas inspiradas por este dogma han sido claramente desacreditadas al analizar sus resultados. Es difícil sostener que tales políticas hayan conseguido lo que proclamaban que deseaban. En realidad, tales políticas han causado un gran dolor entre las clases populares, consiguiendo lo opuesto a lo que en teoría decían desear.

Y a pesar de esta obviedad, continúan perjudicándonos, con la impunidad y pomposidad que les da el poder (y las grandes cajas de resonancia que les proveen los mayores medios de información y persuasión), señalando que hay que continuar flexibilizando el mercado de trabajo, bajando los salarios y recortando el gasto público (y específicamente el gasto público social). Este mensaje de que hay que privatizar y desmantelar el Estado del Bienestar nos llega a Catalunya (y a todos los pueblos y naciones de España) a través no solo del gobernador del Banco de España, sino también de los miembros del consejo de gobierno de tal institución, a los que se les ofrecen grandes cajas de resonancia en sus afirmaciones de que nos gastamos demasiado en el bienestar público.

La teoría neoliberal y sus errores

La teoría que utiliza el equipo de dirección del Banco de España (incluyendo su gobernador, el Sr. Luis María Linde) es que el mayor problema de España es su supuesta falta de competitividad. De esta lectura derivan que hay que disminuir los salarios para vender los productos más baratos en el exterior, basando su estrategia de recuperación y estímulo de la economía en la necesidad de expandir el crecimiento de las exportaciones. Pero este mensaje se ha mostrado poco creíble en base a los datos procedentes tanto de España como de otros países –sobre todo en Latinoamérica- que quisieron salir de la crisis a base de las exportaciones, devaluando la demanda doméstica a base de bajar los salarios. En todos ellos esta estrategia ha fracasado, y por causas muy comprensibles. En realidad, durante los años de gran crisis las exportaciones en España han ido bien, sin descender. Es más, subieron sin que ello significara una salida de la crisis. Y ello es fácil de entender.

El mayor estímulo de la economía no procede de las exportaciones, sino de la demanda doméstica, que a su vez procede de dos factores: el número de asalariados y el nivel de sus salarios, por un lado, y el gato público por el otro. Estos dos factores son claves para entender el consumo y la demanda doméstica, el crecimiento económico y la producción de buen empleo.

La evidencia de ello es clara y contundente. La manera como EEUU salió de la Gran Depresión fue a base de un gran aumento del gasto público y una expansión de la población ocupada y de los salarios (mediante el estímulo de la sindicalización, incentivada por las políticas del gobierno federal). Algo parecido ocurrió inmediatamente después de la II Guerra Mundial en Europa, en donde las economías estaban en recesión. La solución fue un gran aumento del gasto público (estimulado por el Plan Marshall), el establecimiento del Estado del Bienestar y un crecimiento de los sindicatos. Y ahora que estamos en una situación que para millones de españoles es semejante a la Gran Depresión, el Banco de España aconseja bajar los salarios y reducir y desmantelar el Estado del Bienestar.

Está claro que o son incompetentes (lo cual no descarto para el equipo de dirección del Banco de España), o son tan fanáticos con su dogma neoliberal que a pesar de todo siguen siendo insensibles al enorme daño que están causando. En realidad es justa la pregunta de cómo pueden ser tan insensibles. Y la respuesta es también fácil de ver. Es su servilismo y docilidad hacia el capital financiero (a la banca privada) y hacia el mundo empresarial, que están consiguiendo lo que siempre desearon. Hoy las rentas del capital en España (como porcentaje de las rentas totales) son ya superiores a las rentas del trabajo. Una situación única en la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo al que tiene España). Y ahí está la raíz del problema. La pobreza de la demanda y la pobreza de la población y del sector público se deben a que la mayoría de ingresos al Estado proceden de las rentas del trabajo. Al descender estas, desciende la demanda y aumenta la pobreza. Pero el Banco de España prefiere ignorar esta situación. Quiere que continúen la precariedad, los bajos salarios y los recortes. Y todo ello propuesto por un gobernador y unos consejeros que tienen los contratos más rígidos y más estables, y unos de los salarios más altos que hay en España, los cuales, desde la élite y casta donde viven, aconsejan que se haga lo opuesto para todos los demás. Así es el Banco de España.

La izquierdas equivocadas

Una de las lecturas generalizadas de la estructura social del capitalismo avanzado es que el 1% de la población que tiene mayor propiedad de capital y tiene mayores rentas, es la nueva clase dominante, tanto a nivel mundial como dentro de cada país. Tal 1% se le considera constituido por los propietarios y gestores de las compañías transnacionales pertenecientes a la economía productiva (donde se realiza la producción y distribución de bienes y servicios) y/o a la economía financiera (como las grandes entidades bancarias y las compañías de seguros), que a través de su enorme influencia en las instituciones políticas de carácter representativo y en los grandes medios de información, ejercen un poder supuestamente omnipotente sobre el resto de la población, es decir, sobre el 99% restante. Aparecen así eslóganes, dentro de los movimientos sociales de sensibilidad progresista, sobre la necesidad de movilizar el 99% de la población frente al 1%. En EEUU, por ejemplo, el Movimiento Occupy Wall Street hizo suyo el eslogan que el conflicto básico en EEUU era el que existía entre el 99% de la población y el 1%. Y en España (incluyendo Catalunya) han aparecido movimientos que utilizan el mismo eslogan o el mismo principio, asumiendo que el conflicto es entre la gran mayoría de la población, referida frecuentemente como el pueblo, contra este 1%.

Esta visión, sin embargo, es extraordinariamente simplista y no ayuda a las propuestas de transformación de la sociedad, pues no configura correctamente la lectura del mapa estratégico que los movimientos sociales y políticos transformadores deben realizar para separar los adversarios (es decir, personas o grupos sociales que defienden intereses opuestos a los de los agentes transformadores) de los aliados (personas que tienen intereses semejantes y/o compatibles con los de las fuerzas transformadoras). Esta distinción –adversario versus aliados- es clave, pues el proyecto progresista requiere de una amplia alianza de fuerzas que representen a la mayoría de la población, y muy en especial a las clases populares. Pero tal mayoría no es, ni mucho menos, el 99%, pues hay al menos un 20% de la población que está sirviendo al 1% en su función controladora y reproductora de las relaciones de poder, y cuyos intereses están íntimamente ligados al famoso 1%. Este 20% juega un papel clave en la pervivencia del sistema de poder, donde el 1% superior controla los ejes del poder económico y financiero, y desde ahí los ejes del poder político y mediático.

La imagen del 99% frente al 1% no refleja esta realidad y erróneamente asume la posible alianza de las clases populares (que constituyen casi el 80% de la población) con este 20% que tiene intereses opuestos a los de las clases populares. De ahí la necesidad de recuperar categorías científicas de la estructura social -como clases sociales- que han sido abandonadas por “anticuadas”, y cuyo abandono ha sido resultado del gran domino del 1% (es decir, de la clase capitalista) sobre la sociedad, de manera que a mayor poder tiene tal clase, menor es la aparición de tales términos en la narrativa del discurso hegemónico de la sabiduría convencional.

La clase profesional (The professional class)

Un componente clave de este 20% de la población es la clase compuesta por profesionales, la mayoría con educación superior, que configura la sabiduría convencional del país y que beneficia al 1%, puesto que, como he dicho en la sección anterior, está a su servicio. Thomas Frank ha escrito un libro, Listen, Liberal (Escucha, liberal), que define muy bien la naturaleza de esta clase profesional, la cual ha configurado la cultura política y mediática del país, definiendo lo que se considera “aceptable” y “respetable” y lo que no lo es, confirmando la situación que habían ya adelantado, hace ya años, con gran certeza Noam Chomsky y Edward S. Herman en su excelente libro Manufacturing Consent (“Fabricando el consentimiento”).

Los componentes de esta clase proceden en su gran mayoría de las clases medias de renta alta que han ido a los colegios privados en España (con subsidios públicos) y a las universidades de élite, tanto en España como en EEUU, y que trabajan intelectualmente para hacer aceptable la distribución de poder en la sociedad actual, basada en la supuesta meritocracia. Y, en su mayoría, los miembros de esta clase comparten toda una serie de valores que pueden definirse como liberales (en el sentido europeo de la palabra, pues, en EEUU, la expresión liberal sirve para definir las sensibilidades socialdemócratas, como la del actual candidato a la presidencia, el senador Bernie Sanders. La falta de aclaración de esta distinción por parte de los corresponsales de los medios de información españoles crea unas enormes confusiones).

Estos valores liberales aparecen en las diferentes dimensiones del quehacer público. En educación consideran la educación privada mejor que la pública, pues permite la mejor expresión de un elemento muy valorado por tal clase, que es la reproducción de una distinción jerárquica y social. En España, el porcentaje de la población que acude a la escuela privada (con subsidio público) es el 30% de la población, que incluye, además de la burguesía y pequeña burguesía, predominantemente la clase media profesional.

Los dogmas de tal clase

En economía, tal clase social suele ser la defensora del famoso “hombre económico” que, a través de su mano invisible, permite la expresión de la libertad. Desfavorece políticas públicas que tengan como objetivo la redistribución de los recursos por considerarla irrelevante. Atribuye su posición en la jerarquía de poder social al mérito de sus propias cualificaciones, y tiene un enorme respeto y docilidad hacia el 1%, compitiendo por sus favores. El componente gestor dentro del 1% procede en su mayor parte de esta clase. Los directivos y gestores de las grandes empresas del país pertenecen a esta clase.

En sanidad, favorece, de nuevo, como en la educación, el sistema privado, por considerarlo más eficiente (en contra, por cierto, de toda la evidencia existente, como muestro en mi artículo “Las enormes limitaciones del modelo neoliberal: el caso de la sanidad estadounidense”, Público, 22.03.16), y, aunque no se opone a la responsabilidad pública de garantizar el acceso a la sanidad pública, ve esta responsabilidad como asistencial y/o residual, favoreciendo el aseguramiento sanitario privado (aunque con subsidios públicos), enfatizando la responsabilidad individual en el mantenimiento de la salud, y exigiendo una contribución en forma de pago por la utilización de servicios, sobre todo para evitar el supuesto “abuso” en la utilización del sistema sanitario público por parte de las “masas populares”.

Gran parte de los aparatos de los partidos conservadores (PP) y liberales (Ciudadanos y Convergència), incluyendo socioliberales (sectores del aparato del PSOE), son un ejemplo de este pensamiento. Cuidadores de su palabra, para respetar el lenguaje políticamente correcto, se le escapan de vez en cuando sus maneras elitistas y clasistas. Ejemplos claros de este comportamiento son los fundadores y dirigentes de Ciudadanos, el partido que representa mejor tal mentalidad y tal clase profesional. Las declaraciones del Sr. Félix de Azúa –fundador de Ciudadanos- en referencia a la alcaldesa de Barcelona, la Sra. Ada Colau, diciendo que en lugar de alcaldesa debería estar trabajando en un puesto de venta de pescado en el mercado, expresan claramente su menosprecio para tal tipo de trabajo, clasismo enormemente prevalente en este grupo profesional. Su deseo de encajar en el lenguaje políticamente correcto y su aspiración de distanciarse de los iconos culturales e ideológicos (como la Iglesia Católica) de las derechas tradicionales españolas (como el PP o Unión Democrática) les convierten en la derecha laica liberal. Otro ejemplo de clasismo es su frecuente referencia a la clase trabajadora como la “clase baja”, expresión muy utilizada en la cultura política y mediática del país, que constantemente define la estructura social de España (incluyendo Catalunya) en clase alta, clase media y clase baja. Ver los discursos de Albert Rivera como muestra de la utilización de tales términos.

El obstáculo mayor para el cambio es mucho más grande que el 1%

Este 20% significa uno de los mayores obstáculos para que se realice un cambio sustancial progresista en este país. Y ello se debe a que sus intereses, como he indicado anteriormente, están claramente relacionados con los intereses del 1%. Uno de los mejores ejemplos de ello es la polarización del Estado del Bienestar por clase social en España. El sistema educativo, polarizado por clase social, que ocurre en España (y muy acentuado en Catalunya), con el 30% de la población infantil (perteneciente a esta clase profesional en su mayoría) educándose en las escuelas privadas (subvencionadas con fondos públicos), y el 70% educándose en las escuelas públicas (con un coste por alumno más bajo que en la privada), no puede, desde una visión progresista, defenderse y/o mantenerse, a lo cual se opondrán, no solo el 1%, sino el 30% (que tiene un enorme poder), grupo que apoyará al 1% con toda intensidad, pues sus beneficios dependen de la reproducción del sistema en el que el 1% establece las normas que hacen permisible esta polarización por clase social. Y ahí está el error de algunos sectores, bien intencionados, pero profundamente equivocados, de algunas fuerzas progresistas de este país. Establecer una estrategia de cambio basado en este entendimiento de que el conflicto de intereses es el 99% frente al 1%, es profundamente errónea, pues este 20% ó 30% tiene intereses contrapuestos, más ligados al 1% que no a los intereses de la mayoría de la población. De ahí su error. Así de claro.

¿Quo vadis?,¿andalucía?

Afortunadamente una manifestación en Córdoba y otra en Sevilla el pasado domingo 28 de febrero han recordado que el 28F no es el día de la raza, y que la lucha por la autonomía andaluza no fue la reivindicación de la España cañí que el bipartidismo decadente nos ha pretendido vender estas semanas. Pues no de otra forma deben entenderse los recientes discursos de Susana Díaz o la exhibición impúdica de 600 metros cuadrados de bandera andaluza por las Nuevas Generaciones del PP sin que les quemara las manos. Como se encargaba Isidoro Romero de recordar recientemente, la lucha por la autonomía plena de Andalucía no fue una especie de LOAPA contra la reivindicación nacional de Euskadi y Catalunya, sino un ejercicio de rebeldía frente unas relaciones sociales que existían, y siguen existiendo, en el interior de la propia sociedad andaluza. Unas relaciones de dominación que, treinta y cinco años más tarde, siguen presentes y cuyo resultado se sintetiza en que el paro en Andalucía siga escandalosamente por encima de la media española y europea, revelando la naturaleza de clase del “hecho diferencial” andaluz.

En estas semanas y al calor del denominado “debate territorial”, se ha querido utilizar la autonomía andaluza como aval de la Constitución de 1978. Se obvia que fue precisamente la lucha del pueblo andaluz por la autonomía plena la primera forma de lucha masiva y democrática contra los límites de aquella, que consagraba una situación inicial en la que sólo aquellas comunidades que obtuvieron Estatuto de Autonomía en la Segunda República tenían derecho a la vía rápida a la descentralización política. Y que fue esa lucha la que obligó a forzar la interpretación del texto constitucional al ceder al acceso de Andalucía a su autonomía contra las propias previsiones legales, no sólo las implícitas sino las explícitas.

¿Qué ha pasado casi cuarenta años después? El instinto de clase que posicionó a la derecha contra la autonomía andaluza a finales de los 70 y primeros 80 del siglo pasado permite hoy a JuanMa Moreno disputarle a Susana Díaz el derecho a envolverse en la bandera blanquiverde. No es extraño, pues el papel jugado por el PSOE en la amortización del potencial desestabilizador de la autonomía andaluza ha sido impagable. En su obra sobre la historia y las instituciones del capitalismo andaluz, Carlos Arenas describe como la tarea más urgente para los socialistas en el poder tras 1982 fue desactivar la agitación política que se vivía en Andalucía desde los años 70, clave para consolidar el régimen de la transición.

No es la primera vez que ocurre en la historia. En la caída del Antiguo Régimen, en la primera y segunda repúblicas y ahora en la “transición”, la burguesía andaluza ha ido ganando las batallas, unas veces con la sangre, otras con el clientelismo, para preservar su particular modelo de dominación en alianza con otras fracciones burguesas españolas y, ahora, europeas. La importancia política de mantener muda a Andalucía para la estabilidad del poder de clase es enorme. Hay que recuperar la “murga de los currelantes” para evitar que Andalucía se convierta en un significante vacío. La unidad popular pasa por recuperar el impulso protagonista del pueblo andaluz.

Las malas compañías

Las malas compañías


Si Sánchez tuviera que pasar por el angustioso trance al que sometían en mis tiempos las visitas a los niños, cuando a falta de algo concreto que decirles les soltaban la consabida y ya esperada pregunta: “a quién quieres más, ¿a papá o a mamá?”, que llevaba incluida la respuesta correcta: “a los dos igual”, se vería contestado por la realidad de los hechos. Sánchez no quiere por igual.

Los niños, la primera vez que se veían obligados a dirimir una cuestión tan compleja, se quedaban perplejos, les bloqueaba una enorme desazón porque no estaban preparados para abordar asuntos de semejante calado, y el silencio que se producía cuando intentaban pensar la respuesta provocaba la hilaridad de los mayores. A la criatura se le volvía a repetir la cuestión por si el motivo del silencio fuera falta de comprensión, lo que incrementaba la confusión del infante, que sólo aspiraba a que le dejaran en paz. Sabía que existía una salida honrosa, pero no quería arriesgar. La clave, como luego aprendería, estaba en la inhibición. No se puede querer más a uno que a otro porque se acaba pagando un precio. El centro, ahí está la estabilidad.

En el seno de su partido partido, Sánchez lo tiene crudo porque, aunque reconocido por las bases, los progenitores le tienen por hijo del butanero, y en su condición de niño acogido, no del todo legítimo, se le reclama un comportamiento exquisito, de sumisión, de agradecimiento obligado, ése que se pedía a los niños pobres becados en los colegios de pago. No podían ser faltosos.

Así, el señor Sánchez tiene que escuchar las broncas de sus papás en silencio. También las de sus hermanos que sacan buenas notas en sus circunscripciones granero y que amenazan con quedarse con su cuarto a pesar de ser el primogénito. El niño Sánchez quiere quedar bien con todos, mantenerse a flote y salir indemne. No puede dar un puñetazo en la mesa, como los que daba "el Guerra" en sus tiempos, cuando decidía quién salía y quién no en la foto, y todos se humillaban temblando para mantener el cargo. Aquella generación dejó el puesto pero no el mando: permanece vigilante en la oscuridad. Ahora le dicen al niño Sánchez que los sueños pasados de la socialdemocracia solo fueron una estrategia para evitar que las hordas rojas se hicieran con el cotarro. De la mano de los popes mediáticos que trajeron la democracia a España, como el que trae un reloj de Canarias, a los que debemos estar eternamente agradecidos y besar el anillo cuando se dirijan a la nación, exigen al neófito secretario general, con minúsculas, que cumpla lo que ellos pactaron con los verdaderos amos de España para llegar adonde han llegado, y le prohíben juntarse con malas compañías, esas que creen en lo que ellos predicaban. Botín, que en paz descanse, hablaba maravillas de esa generación de socialistas. Ellos también de él, a pesar de sus cuentas millonarias en paraísos fiscales. Sus motivos tendrían.

Lo del socialismo no iba en serio, coño, Pedrito. Mira a tu alrededor y haz como las “mamas” de las chabolas, que nunca preguntan de dónde ha salido el parné para comprar "ese plasma que viene con su caja y todo…" y dan por bueno que el cobre sale así, en cable, de la mina donde trabaja su marido. Tienes lavaplatos, pues calla.

Sólo una cosita para precisar matices acerca de la heroicidad de los que nos hicieron libres: No estaban allí.

Me resulta sorprendente que nadie matice estas cosas dando por buena su labor en exclusiva de partisanos emboscados que nos trajeron la libertad y la democracia. Los que se comieron el marrón, el talego y las tortura, la inmensa mayoría, fueron otros, otros que tuvieron mucho que ver con la llegada de la libertad y la democracia a este país y que no han sido ni homenajeados, ni retribuidos, ni colocados en el pedestal que ocupan los que aparecieron en su momento, oportunamente, cuando la cosa ya se debatía entre la transición que se pactó o la ruptura. A aquellos que poblaban las cárceles se les puede demonizar porque eran rojos y no luchaban por la democracia verdadera, nos dicen, sino para imponer el comunismo, pero se partieron la cara en la calle.

Nadie va a pedir a esa generación que salvó España de las garras del comunismo que les hagan la ola, no está en su naturaleza el reconocimiento del mérito ajeno, pero que tampoco cuenten milongas.

Vale, que sí, que hicieron autovías y modernizaron el país. Se les ha premiado por ello con muchos años de gobierno, pero eso no les convierte en incuestionables. Si en vez del halo de señoritos cortijeros que ahora portan sin pudor, se remitieran al criterio ético que predicaban cuando se proponían como alternativa al fascio redentor del que veníamos, y que llevó al votante a ponerles en el poder, entenderían que aquello que hicieron formaba parte de su obligación. Esos merecimientos no les dan ningún derecho a salir en tromba en defensa de sus actuales jefes para evitar que se acabe con este sistema de explotación desorbitado. Escuche, señor Sánchez: La tercera parte de los asalariados de este país es mileurista.

Al Capital hay que plantarle cara. Hace falta un gobierno que acabe con la penuria, la miseria, la precariedad en la que han sumido a las familias de los trabajadores de este país. La Seguridad Social arrastra el mismo déficit que el año pasado con 500.000 afiliados más, porque los salarios son tan cutres que no aportan ingresos a las arcas.

Ese es el cambio que hay que abordar. Hay que dar la cara por la ciudadanía, y ese cambio no se va a llevar a cabo de la mano de Ciudadanos, “y lo sabes”, Sánchez, porque, entre otras cosas, están ahí para evitarlo. Ya ve lo que dice Rivera, que hay que incluir al PP en los pactos porque representan a mucha gente. Que sean chorizos, corruptos, cínicos, sin propósito de la enmienda, es lo de menos. Estos de Ciudadanos son así como… demócratas globales. Bueno, en tal caso, Podemos también representa a gente, pero a esos hay que mandarlos al gallinero a pesar de que se adelantaron al rey al proponerle a usted como presidente.

Ya hemos visto que han colocado entre las prioridades, otra vez, la cuestión del déficit que imponen desde Bruselas. Desde allí el Sr. Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, intransigente con el incumplimiento del déficit, nos exige continuar con la política de recortes. Hoy sabemos (yo gracias a Vicenç Navarro) que este señor, socialdemócrata, es el artífice de la conversión de Holanda en un paraíso fiscal donde se han establecido muchas de las grandes compañías que operan en Europa, entre ellas algunas españolas, para evitar pagar lo que les corresponde.

Hace falta un Gobierno que vaya a Bruselas y le diga a este señor: “Gracias a gente como usted, las grandes compañías no pagan en mi país y esto provoca que tengamos que abordar el objetivo del déficit recortando en Educación, Sanidad y demás prestaciones que, para nosotros, son prioritarias. Los trabajadores de España ganan sueldos de miseria. Si no fuera por la trama que usted, como en su día hizo en Luxemburgo su colega Junker, hoy presidente de la Comisión Europea, han creado, una trama de evasión fiscal que provoca ruina en los países del sur, no tendríamos este problema. Han montado un sistema delincuente que ustedes se han encargado de ajustar a la legalidad, con reformas a medida, de modo que lo que nos sustraen a nosotros, llena las arcas de su país. A usted no le importa, ya lo sabemos, pero córtese a la hora de exigir recortes a los ciudadanos que no hacen otra cosa que levantarse a trabajar para dar de comer a su familia, y a los que cada día les hurtan un poco más del salario. Esos son los que le dan a usted de comer”.

Así de sencillo, un zas en toda la boca. La verdad, clara, dura y pura.

Esas son las prioridades y ahí está el respeto al votante. Ya está bien de decir que tiende la mano a izquierda y a derecha como si fuera un repartidor de propaganda a la salida del metro. Además, de momento, sólo la tiende a la derecha, esos que durante la campaña electoral eran fachas disfrazados de demócratas y ahora son... cómo les llama… fuerzas del cambio, o algo así.

Ahora bien, si lo que quiere es hacer carrera en la política no tiene más que fijarse en papá y mamá, y no juntarse con las malas compañías. Tendrá el apoyo de todos los medios de comunicación, radios y televisiones. Le llamarán Hombre de Estado.

Ellos supieron encontrar el camino recóndito que conduce a la cima. Eso sí, a costa de su pueblo, ese pueblo que un día les creyó y hoy sigue aspirando al cambio. Y lo votó.

Deje de poner excusas estúpidas acerca de la educación, las formas, la arrogancia. Deje de inventar líneas rojas. Aquí lo único rojo es la alfombra que le han puesto los medios de comunicación para llevarle al olimpo del dinero.

Esas y no otras son las malas compañías.

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Secesión

Secesión 

Dice un profesor amigo mío que uno de los grandes problemas de este país es que la Historia se enseña mal. Y tiene razón. A los jóvenes se les enfrenta, desde que empiezan su educación, a entender qué pasó en la prehistoria o en la Edad Media antes de contarles lo que sucede hoy, cuando debiera de ser al revés. La Historia tendría, según mi amigo, que empezar a enseñarse desde las noticias actuales y después remontarse atrás para así entender el origen de los conflictos. De esa manera no oiríamos lo de “eso es cosa del pasado”, frase tan habitual como estúpida, cuando uno intenta explicar por qué sucede lo que sucede. Por supuesto que es cosa del pasado, pero es que el pasado es también nuestro presente.

Desde que los Reyes Católicos, esos grandes genocidas, decidieron de común acuerdo con la banca alemana y el eterno Vaticano, aunar las riquezas que proporcionaba el grano de Castilla con el próspero comercio de Aragón y las fértiles vegas de Al-Andalus, en España estalló el asunto, nunca resuelto, de las nacionalidades. Tuvo que venir Pi y Margall a aclarar que el país solo conviviría en paz si se juntase alrededor de una República Federal. Pero ya se sabe lo que pasó. Golpe de Estado y de nuevo la caterva reclamó lo de la unidad patria, que viene a querer decir el control centralizado del poder. Luego vino la Segunda República y lo mismo. Cuarenta años de dictadura y expolio, no solo económico, sino también cultural, prohibiendo las diferentes lenguas y costumbres, acrecentaron el asunto del centralismo anulando a golpe de bofetadas las diferencias existentes entre los pueblos de la península.

Murió el Gran Sapo Iscariote y con su muerte – y la lucha de algunos que ahora parece que no existió – vino esta democracia. Para contentar a unos y a otros, se construyó el Estado de las Autonomías. Para unos fue un reconocimiento a su singularidad y para los otros, los de siempre, ésta quedaba descolorida entre la multitud de comunidades inventadas. La de la Rioja o Madrid, son claros ejemplos del despropósito, igual que la asunción del valenciano como lengua diferente al catalán. 

Y así hemos llegado hasta nuestros días. Se desperdiciaron ocasiones de normalizar la convivencia al rechazar el llamado Plan Ibarretxe con respecto a Euskadi o el Estatut de Autonomía para Catalunya. Se impuso la táctica de dejar pasar el tiempo suponiendo que las aguas se calmarían, pero no ha sido así. Los insultos, boicots y menosprecios al sentimiento de los pueblos han hecho mella en éstos y ahora ya no quieren seguir con el juego.

Sorprende a algunos la unión de fuerzas de izquierda con la derecha nacionalista, pero hagamos pedagogía de nuevo. La derecha catalana, por más que sea derecha al fin y al cabo, cuando la Dictadura, recordemos que estaba perseguida por aquellos cuyos herederos integran el Partido Popular. Así que por más que en el pasado hayan pactado –y no pondría la mano en el fuego que no vuelva a pasar en el futuro, dado que la pela es la pela– pesa más el hartazgo de ver como la pandereta, los toros y las procesiones han vuelto a ocupar un lugar predominante en la dirección del Estado. La prohibición de usar las lenguas cooficiales en el Parlamento, o los debates televisivos en la cadena pública en la que se vierten todas las opiniones excepto la de los partidarios de la independencia, no ayudan mucho. Y que se persiga con más saña la convocatoria de un referéndum, que el despilfarro y el saqueo de lo público, tampoco.

Que hay una mayoría social que no quiere seguir con el rumbo que ha tomado el país, es evidente. En Catalunya, Euskadi o Galicia, por razones históricas, esa negativa tiene el apoyo de su particular nacionalidad. Negar el derecho a decidir sobre la autodeterminación no es sino echar más leña al fuego y sobre todo desviar los esfuerzos y la lucha del verdadero objetivo.

A mí que Catalunya, Euskadi, Andalucía o Murcia quieran separarse del Estado Español me da igual. 

A mí lo que me importa es acabar con el capitalismo. En Catalunya, en Euskadi, en Andalucía, en Murcia y en el mundo entero.

La gota que colma el vaso

LA GOTA QUE REBASA EL VASO


Son cuatro ya los ejemplos que se pueden ver, a lo largo de la Historia, en los que los nacionalistas catalanes han intentado imponer un Estado propio, fracasando claramente en los tres primeros y con el interrogante de lo que puede suceder en el cuarto.

El primero en 1873, cuando un mes después de declararse la I República, un grupo de independentistas declaró la sustantividad del Estado catalán, deteniendo a las autoridades legales. Fue precisamente un catalán, el jefe del Poder Ejecutivo, Estanislao Figueras, quien tuvo que hacer frente a esta sublevación que duró escasamente unos días. El segundo sucedió en 1931, cuando el mismo día de la proclamación de la II República, Francesc Macià, presidente de Esquerra Republicana, apareció en el balcón de la Generalitat para declarar el Estado catalán, que formaría parte de una Confederación de pueblos ibéricos. El Gobierno provisional de la II República envió urgentemente a Barcelona a tres ministros para que negociasen con Macià. Finalmente consiguieron que se renunciase al Estado catalán, gracias al compromiso del Gobierno de admitir un Estatuto de Autonomía para Cataluña. El tercero fue durante el mes de octubre de 1934, protestando por la entrada de varios ministros de la CEDA en el Gobierno de Alejandro Lerroux, y aprovechando la huelga revolucionaria convocada por los socialistas. En efecto, el entonces Presidente de la Generalitat, Lluís Companys, volvió a proclamar el Estado catalán, acusando al Gobierno español de fascista. En realidad se trataba de un golpe de Estado de la Generalitat, rompiendo toda relación con el Gobierno central y declarando la guerra al Estado español. Esta provocación comportó el que se asistiese a un enfrentamiento violento entre el Ejército y los independentistas catalanes, junto a los Mossos d’Esquadra. Pocas horas después fueron detenidas todas las autoridades catalanas, restableciéndose la normalidad dentro de las especiales circunstancias del momento.

Finalmente, el cuarto ejemplo es el que hemos presenciado anteayer y ayer por la mañana. El lunes pasado, mientras se disolvían las Cortes españolas en Madrid, en Barcelona se constituía el nuevo Parlament catalán, eligiéndose presidenta a la señora Forcadell que hasta ahora no había sido diputada. En el mismo momento de su discurso, una vez elegida sólo por los nacionalistas catalanes y compañeros de viaje, demostró que desconoce las reglas de todo parlamento democrático, pues quien lo dirige debe hacer gala de una Presidencia que sea de todos y no de un sector concreto de los parlamentarios. Su discurso proclamando la soberanía del pueblo catalán y especificando que se trata de conseguir nuevamente un Estado catalán, lo ratificó enfáticamente con los tres vivas al acabar su perorata, que solamente fueron coreados por una parte del Parlamento. Una presidenta que el mismo día de su elección rompe con este dogma de neutralidad de la democracia parlamentaria no debería continuar en el cargo.

Ahora bien, nadie que haya seguido con interés el largo recorrido de los nacionalistas catalanes, comenzando por el nombramiento del presidente Pujol -que ha engañado a tirios y troyanos y que hoy es ya considerado un presunto delincuente-, no debería sorprenderse de que hayamos llegado a la situación actual. Por supuesto, una gran parte de lo que está ocurriendo en Cataluña, se debe, como ya he dicho en muchos artículos en este periódico, a que ha habido una escalada graduada de los nacionalistas que llevaría hasta la declaración unilateral de independencia. Pero seamos realistas: todo ello no se hubiera podido llevar a cabo sin la permisividad de los Gobiernos de Madrid, porque si se hubiesen tomado las medidas oportunas, que no tenían que ser forzosamente represivas, se hubiese logrado un statu quo que podía haber perdurado bastante tiempo. Ciertamente, como señala John Gray, la política es una sucesión de remedios temporales para males recurrentes. Pero, con todo, no podemos ignorar que se puede llegar a acuerdos duraderos si se logra que las dos partes en conflicto cedan en su posición inicial.

Sea lo que sea, esta pasividad tradicional de los Gobiernos de Madrid, en algunos casos interesada a cambio del apoyo de los partidos nacionalistas, parece que en el caso del actual presidente del Gobierno -más vale tarde que nunca- ha cambiado el rumbo por fin. De esta manera, se aprobó antes de la disolución de las Cortes una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que puede ser utilizada para evitar la ruptura de la unidad de nuestro país. Es posible que esta reforma se decidiese ante el temor de que el artículo 155 de la Constitución, copia casi literal del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, no se pudiese aplicar por haberse disuelto las Cortes y, más concretamente, el Senado. Sin embargo, en contra de una lectura literal de dicho artículo, en donde se exige que la decisión de suspender, en su caso, una autonomía, deba ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del Senado, hay que decir que la existencia de su Diputación Permanente permite ejercer esta competencia que es propia del Pleno. En efecto, hay que señalar que la Diputación Permanente dispone de dos funciones concretas. Por una parte, durante los intervalos entre periodos de sesiones, esta institución, como la del Congreso de Diputados, disfruta de la facultad de convocar una reunión extraordinaria del Pleno de la Cámara, así como de la competencia de velar por los poderes de la misma. Y, por otra parte, durante los periodos interlegislativos, dentro de las competencias de velar por los poderes de la Cámara en estos periodos de las Cortes disueltas, se encuentra la facultad, prevista en el mencionado artículo 155.1, de poder adoptar las medidas necesarias cuando una comunidad autónoma no cumpla las obligaciones que le impone la Constitución o atente gravemente contra los intereses generales de España.

En definitiva, es evidente que tras la actuación partidista de la nueva presidenta del Parlament, se están acelerando los hechos, y ayer mañana se presentó una propuesta de Juntos por el Sí y la CUP para señalar que Cataluña se “desengancha” de España para construir el Estado catalán en forma de república y que, en consecuencia, no aplicará en lo sucesivo la legalidad española. A buen seguro, el problema no se halla únicamente en el terreno de la política, o incluso de la legalidad parlamentaria, sino que tiene ya claras connotaciones con el Derecho Penal. Cualquier país democrático no habría permitido que se llegase a este nivel, que sin duda es la gota que rebasa el vaso no solo de la legalidad, sino también de la paciencia que todos los españoles y, en especial, la de los catalanes que se sienten también españoles, como se ha comprobado en las elecciones del 27-S, que son mayoría con respecto a los independentistas. Si nos atenemos a todos los medios con que cuenta el Gobierno catalán para empapar de ideas independentistas a los ciudadanos de Cataluña, sorprende que no hayan alcanzado el triunfo en esas elecciones fraudulentas los favorables a la independencia.

A este respecto, se duda de si todos los sucesos de corrupción a que estamos asistiendo en concreto en Cataluña, han servido o no para impedir que se consiguiese ese objetivo. Digo esto, porque hace una semana, después de la comparecencia del presidente Mas, acompañado de sus cuatrocientos mariachis, ante el Tribunal Superior de Cataluña, una ola de optimismo separatista pareció invadir las calles de Barcelona. Hasta el punto de que La Vanguardia, del antimonárquico Conde de Godó, se permitió algo que hasta ahora era insólito y es que el martes día 20 la mitad de sus páginas aparecieron en catalán. Sin embargo, duró poco la euforia, porque un día después, las aguas volvieron a su cauce y el castellano, o mejor dicho, el español, volvió a imperar en sus páginas, debido probablemente a que el día antes comenzó una investigación sobre los beneficiarios del famoso 3%, que es una plaga que no cesa en Cataluña y que ha infectado a las instituciones del régimen fundado por Pujol.

En cualquier caso, en mi opinión, el presidente Rajoy ha perdido una magnífica ocasión para haber sido mucho más taxativo en su declaración institucional de ayer, pues se limitó a decir, después del documento separatista de Juntos por el Sí y la CUP, que iba a aplicar la Ley. En su caso, lo que tenía que haber dicho es que si se aprueba ese documento por el Parlament, el Gobierno aplicará el artículo 155 de la Constitución. Lo cual, por supuesto, no solo habría servido para embridar a estos paranoicos que quieren llevar a España al precipicio, sino que además le habría proporcionado una lluvia tal de votos en las elecciones de diciembre, que ya será difícil que vuelva a causa de su parsimonia.

Sea lo que fuere, algo que es muy claro y que no parece ver Rajoy, radica en que las próximas Cortes españolas tendrán que pactar una nueva estructura territorial del Estado, porque el nacionalismo catalán no se acabará mañana y alguna justificación puede tener, aunque ya sabemos que cuando alguien pide justicia, lo que quiere es que le den la razón .