Planificar y desmantelar la sanidad publica
A los puntos más llamativos y escandalosos del plan de privatización contenido en el proyecto de Presupuestos de Madrid, que añadir un paquete de medidas, igualmente graves, que configuran recortes dirigidos a los centros sanitarios públicos tradicionales, entre las que podemos citar:
- Recorte presupuestario medio del 16,2% para los hospitales del modelo tradicional (para algunos hospitales como el de Alcalá llega al 24%), que se suma a los recortes sufridos los 2 años anteriores.
- Recorte de un 68% para el presupuesto de infraestructuras y equipamientos sanitarios y de un 31,8% el de inversiones reales.
- Disminución del 26% en el presupuesto de Planificación Sanitaria y de un 37% para la Promoción de Salud.
- Disminución del presupuesto para Atención Primaria de un 7,06%, que ya había descendido en 2012. Cierre de Servicios de Urgencia de AP.
- Disminución del presupuesto para el Plan Integral de Listas de Espera de 15%.
Todos estos recortes tendrán una importante incidencia tanto sobre el personal sanitario (reducción de plantillas, disminución de retribuciones, etc.) como en infraestructuras, con indudable resultado en el deterioro rápido de la calidad, aumento de las listas de espera, etc.
Paradójicamente al lado de estos recortes para los centros públicos, el presupuesto para centros privados contempla un crecimiento del 4% (como si no hubiera crisis).
En definitiva el “Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid” reflejado en el proyecto de presupuesto sanitario para 2013, supone un salto cualitativo y cuantitativo importante en el camino privatizador del gasto sanitario público, que se acompaña de un deterioro planificado de la infraestructura sanitaria pública tradicional.
El camino comenzó hace años en la Comunidad de Madrid, con el primer gobierno de Esperanza Aguirre, con el intento planificado de deteriorar la imagen de los hospitales públicos tradicionales (el caso Leganés), seguido de la apuesta por una desorbitada construcción de hospitales a un carísimo costo (modelo PFI), los planes de derivación de pacientes a los centros concertados para achicar listas de espera, etc. En esta línea encaja alguna de las piezas como el tema del Área Única y la libre elección, que no se ha desarrollado prácticamente en el aspecto de facilitar la libre elección, pero que facilitará tras- lados masivos de personal entre hospitales, ajustes de plantillas y entrega de centros públicos al capital privado.
No se puede afirmar que el aumento de ritmo privatizador para 2013, que promueve el gobierno del PP en la CAM, sea una salida del contexto general como afirman ciertos analistas sanitarios. Las medidas presupuestadas en Madrid son de similar calado a las promovidas por el gobierno de Rajoy con el RDL 16/2012, y cuyo verdadero desarrollo conoceremos en las próximas semanas, cuando el Consejo Interterritorial del SNS apruebe los recortes de prestaciones tras el traslado de prestaciones de la cartera de servicios básica, a las llama- das accesoria y suplementaria (se anuncian copagos en ambulancias, en medicamentos de dispensación hospitalaria, en pruebas diagnosticas de genética y cribados, tratamientos rehabilitadores, productos ortoprotésicos, etc.). Ambas iniciativas responden a dos ámbitos de competencias administrativas distintas, pero van en la misma línea y persiguen los mismos objetivos de destruir el sistema sanitario público y desdibujar el derecho a la atención de la salud. En los próximos meses veremos la concreción de nuevos planes de privatización y demolición de los centros sanitarios públicos de otras CC.AA. (Castilla-La Mancha, Murcia, etc).
La respuesta ciudadana: las movilizaciones contra la privatización sanitaria de Madrid
Uno de los elementos que está caracterizando el proceso de privatización del sistema sanitario de Madrid, es la importante contestación que ha generado, el llamado “conflicto sanitario” en el que se observa un salto cualitativo en la respuesta ciudadana y profesional, que amenaza con extenderse a otras zonas del estado. Da la impresión que han entendido mejor la gravedad de la operación privatizadora en marcha, los ciudadanos y los profesionales sanitarios, que ciertas cúpulas sindicales.
Los ciudadanos han entendido perfectamente el órdago privatizador del PP y una parte importante de los mismos se han puesto del lado del modelo público tradicional. De otra forma no se puede entender la masiva respuesta ciudadana a las acciones en la calle, “convoque quien convoque”. La respuesta masiva a las llama- das marchas blancas o a convocatorias como la de “abraza tu hospital” indican un hartazgo importante de la población y su clarividencia ante los intentos privatizadores.
La movilización de los profesionales y sanitarios tiene su sentido porque las medidas afectan de forma importante al personal sanitario de los centros, que va a sufrir despidos, traslados y recortes de plantillas, así como precariedad progresiva y deterioro planificado de su entorno laboral. La importante e imaginativa respuesta, de rotunda oposición a las reformas privatizadoras, por parte de los profesionales, se debe sin duda a que el sistema sanitario público español ha conseguido un importante vínculo de fidelidad de estos profesionales hacia el dispositivo sanitario creado, que tiene su base en las aceptables y dignas condiciones profesionales desarrolladas dentro del sistema, pero también en la creciente grado de feminización entre los profesionales sanitarios, feminización poco inclinada al pluriempleo y al comportamiento poco ético que ofrece la alternativa privada.
Uno de los problemas que plantea el movimiento sanitario de oposición a las medidas privatizadoras, es quizás su distinta comprensión sobre la naturaleza y el alcance del órdago que está planteando el PP. La dirección del movimiento la están hegemonizado los médicos (perdón, las médicas), como resultado de la habitual tibieza sindical dentro del ámbito sanitario público, y se ha articulado a través de una res- puesta de máximos (huelga indefinida), posiblemente sin calcular la enverga- dura de la apuesta que está realizando el PP, lo que puede conseguir concesiones menores a corto plazo (retirada de medidas como el copago del euro por receta, o la trasformación geriátrica del hospital de La Princesa), pero sin desviar en lo fundamental el camino privatizador. La inexperiencia del actual movimiento de los médicos, protagonizado por el nuevo sindicato que agrupa especialistas médicos (AFEM), ha hecho no solo que inicie el proceso de oposición con medidas como la huelga indefinida, sino que ponga gran parte de la fuerza alcanzada en manos de los Jefes de Servicio Hospitalarios, en general cargos intermedios designados por la administración del PP y con intereses en la sanidad privada, lo que sin duda a corto plazo va a facilitar la desactivación, al menos momentánea, del movimiento médico y a romper la unidad sanitaria actual.
La apuesta privatizadora y de destrucción del actual dispositivo sanitario público promovidos por el PP, es de tal envergadura que requiere acciones a más largo plazo, sostenidas en el tiempo, en las que la unidad de acción es fundamental, tratando que cada colectivo y cada sanitario aporten en la medida de sus posibilidades, y buscando y fomentando la colaboración con la ciudadanía, a través de una constante información a la misma y promoviendo su participación, ya que la población madrileña es la más interesada en evitar la destrucción planificada del sistema sanitario público y la anulación del derecho a la salud. El papel de los sindicatos de clase en esta tarea debiera alcanzar un protagonismo creciente, lo que sin duda pasa por dar un mayor protagonismo a las iniciativas de base de los trabajadores sanitarios y de la misma población, situación que no es sencilla dado el grado de burocratización en el que están inmersos los sindicatos tradicionales. Si estos no consiguen sacudirse sus limitaciones actuales y no son capa- ces de estar a la altura de las circunstancias, su papel va a ser suplido en parte por organizaciones o movimientos sindicales o sociales de nueva creación, pero con una menor implantación y por tanto menor eficacia. Que se consiga por una u otra vía el desarrollo de un movimiento de resistencia organizado a largo plazo, va a determinar el grado de destrucción del Sistema Sanitario Público.
ALGUNOS ELEMENTOS PARA COMPRENDER LA POLÍTICA SANITARIA DEL PP
Es importante tratar de comprender el momento , el alcance y las razones de esta agresiva operación de privatización y de destrucción del dispositivo sanitario público, por parte del PP. He aquí algunos elementos de reflexión:
Existe un indudable oportunismo político, que está dando al traste con la tradicional política de alianzas de la derecha con profesionales y grupos y sindicatos corporativos. La necesidad de aprovechar una coyuntura favorable, con el casi absoluto control de los resortes políticos, una vez ganadas por el PP las elecciones generales y en CC.AA., difícilmente repetible en el tiempo, sin duda les ha impulsado a acometer una complicada e impopular trasformación del sistema sanitario español, hacia un sistema privado, aprovechando la coartada de la crisis y la obediencia debida a Bruselas.
2. Existe una necesidad del PP de responder a la demanda de un creciente entramado de grupos de presión del lobby sanitario, que llevan meses posicionándose e invirtiendo en el mercado sanitario español. En los últimos meses se identifican numerosos movimientos de grupos financieros y empresariales, en torno a una posible “tarta sanitaria”:
- Se registra un importante crecimiento de las inversiones de capital-riesgo en el área de la Salud, es el más importante del país en el último año y medio (informe anual 2012 de la Asociación Española de Entidades de Capital-Riesgo ASCRI.
- Acaba de nacer el Grupo Vithas, participa- do al 80 por ciento por Goodgrower y al 20 por ciento por La Caixa, que compra 10 hospitales de Adeslas, constituyéndose en el 3o grupo hospitalario privado de España.
- El fondo de inversión británico Doughty Hanso compra al grupo USP-Quirón.
- El grupo BUPA International Health Insurance, propietario de Sanitas, compra los hospitales de Torrejón y Manises.
- El fondo de capital-riesgo británico CVC se hace con Capio y gestiona a un total de 28 centros sanitarios.
- El grupo británico Circle Holding anuncia la construcción de un hospital en Alcalá y otros dos en Barcelona y Sevilla.
- En el último año se crean instituciones coordinadoras de las empresas vinculadas a la medicina privada, como la Fundación Economía y Salud recientemente creada (Noviembre de 2012), o la Fundación IDIS (creada en primer semestre de 2012) financiada esta por más de 70 empresas, que acaba de presentar un estudio tratando de demostrar la superioridad de la medicina privada (Estudio RESA), y que promueve constantes reuniones corporativas de donde surgen peticiones al Gobierno central y autonómico sobre cómo organizar el parasitismo privado-público, como la reciente petición de desgravación fiscal para los seguros privados, la facilitación de los trasvases de enfermos entre lo privado y lo público, etc
Todos estos indicios hacían prever que se iba a comenzar el asalto al sistema sanitario público español en cualquier momento, ya que para que los holdings sanitarios internacionales el caso español supone un mal ejemplo internacional, a los ojos de los pueblos, por su eficacia y eficiencia. Y este proceso sin duda no se terminará con lo planteado hasta ahora, y posiblemente continuará a lo largo de esta legislatura, con iniciativas puntuales, tanto autonómicas como estatales. Así nos podrán sorprender en los presupuestos de 2014 con la previsible gestión privada de los hospitales de con “nuevas formas de gestión” (Ley15/97) como la Fundación Hospital Alcorcón o el hospital de Fuenlabrada, la aparición de una iniciativa para construir un hospital privado en Leganés tras las iniciativas de Móstoles y Alcalá, etc. Y a nivel estatal son previsibles modificaciones legales que permitan cerrar el círculo de la privatización y enterrar para siempre a la sanidad pública, tales como permitir la desgravación fiscal de las inversiones en seguros privados que pide el Instituto IDIS, seguida poco después de modificaciones de la Ley de Seguridad Social para permitir la libertad de aseguramiento, poniendo al nivel de la sanidad pública a otras compañías privadas de seguros. O la modificación de la Ley del Estatuto Marco, permitiendo realizar EREs en los centros sanitarios públicos, cuando estos sean “deficitarios”. La gravedad de la crisis sin duda facilitará la explicación de todas estas propuestas racionalizadoras del gasto.
Lo que no nos explicará la Ministra Mato ni el Sr Rajoy, es qué sucederá con los ciudadanos excluidos, pensionistas, enfermos crónicos, etc., que no tengan recursos para acudir a los seguros privados. D. Mariano posiblemente cambiará su “viva el vino” por “viva la beneficencia”.
De lo que nos movamos para impedir este desaguisado dependerá el sistema sanitario del futuro y la cobertura del derecho a la salud.
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